Gómez Angulo denuncia la ausencia de financiación de la Ley ELA durante un año y exige que los derechos se hagan efectivos de inmediato

Paula Gómez Angulo denunció que, durante un año entero, el Gobierno de España no ha financiado la ley sobre el ELA, lo que ha significado un año perdido, un año en el que las familias han seguido soportando costes que superan los cien mil euros anuales, y demasiadas han seguido peleando contra una enfermedad devastadora sin la ayuda prometida.

La concejal popular señaló que “el consenso que unió a las distintas fuerzas políticas en la aprobación de la Ley, el Gobierno de España lo ha roto ahora con las comunidades Autónomas, una vez más”.

Gómez Angulo denuncia la ausencia de financiación de la Ley ELA durante un año y exige que los derechos se hagan efectivos de inmediato

• Dio la bienvenida al Real Decreto-ley que desarrolla la norma, pero advirtió que “llega tarde, y no financia de forma específica la ELA

El Grupo Municipal Popular instó al gobierno de España, en el pasado pleno del Ayuntamiento de Madrid, a aprobar y distribuir con carácter urgente la financiación necesaria para que todos los derechos reconocidos en la Ley ELA se hagan efectivos de inmediato, con retroactividad desde su entrada en vigor, y en condiciones de equidad en toda España, “porque la dignidad de un paciente no puede depender del lugar donde viva ni de la rapidez de una transferencia presupuestaria”, argumentó la concejala popular Paula Gómez Angulo.

Gómez Angulo denunció que, durante un año entero, el Gobierno de España no ha financiado la ley sobre el ELA, lo que ha significado un año perdido, un año en el que las familias han seguido soportando costes que superan los cien mil euros anuales, y demasiadas han seguido peleando contra una enfermedad devastadora sin la ayuda prometida.

Durante su intervención, la edil popular dio la bienvenida al Real Decreto-ley que desarrolla la norma, pero advirtió que “llega tarde, y no financia de forma específica la ELA, sino que se limita a reforzar el sistema de dependencia, donde el Estado destina apenas 4.930 euros, siempre que se cumplan criterios, y el resto depende de las comunidades autónomas, y en muchos casos los propios ayuntamientos que son quienes asumen el esfuerzo real de cuidar”.

Paula Gómez Angulo señaló que “el consenso que unió a las distintas fuerzas políticas en la aprobación de la Ley, el Gobierno de España lo ha roto ahora con las CCAA, una vez más”. Y recordó que además “se olvida de los servicios domiciliarios de fisioterapia y logopedia; de la equidad en gastos de desplazamiento entre comunidades; de programas para investigación; del registro estatal de pacientes; y de la actualización del documento de abordaje de la ELA con un Plan de cuidados en Atención Primaria y Enfermería.