El Gobierno vuelve a poner sobre la mesa una reforma de la financiación autonómica que no responde a criterios de justicia, equidad ni cohesión territorial, sino a una necesidad puramente política: seguir comprando tiempo en La Moncloa a cambio de privilegios para el independentismo catalán. La llamada “financiación singular” para Cataluña no es una mejora del sistema, es su demolición controlada.
La financiación singular supone, en la práctica, que Cataluña recaude y gestione la mayoría de sus impuestos y luego “aporte” al Estado en función de una negociación política. Es decir, que el esfuerzo fiscal de los españoles deje de estar regido por normas comunes y pase a depender del poder de chantaje de cada territorio. El PP ha advertido de que este modelo rompe la igualdad entre ciudadanos, debilita al Estado y abre una brecha insalvable entre comunidades de primera y de segunda.
No es casual que este debate resurja cada vez que el Gobierno necesita los votos de ERC o Junts. No hay informes técnicos, ni consenso autonómico, ni voluntad real de reformar el sistema para todos. Hay un intercambio político: financiación a cambio de estabilidad parlamentaria. Y ese trueque lo pagan los servicios públicos de comunidades que sí cumplen, que no amenazan con la ruptura y que no utilizan el victimismo como herramienta de presión.
En este contexto, resulta especialmente clamoroso el silencio del Partido Socialista de Madrid. Un silencio atronador, cómplice, que se repite cada vez que una decisión del Gobierno perjudica directamente a Madrid y a los madrileños. Callan cuando Madrid pierde recursos, cuando se cuestiona su capacidad fiscal y cuando se penaliza a una comunidad que aporta más de lo que recibe. Callan porque anteponen la obediencia a Ferraz a la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que dicen representar.
El Partido Popular defiende una reforma del sistema de financiación que se negocie entre todas las comunidades, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con criterios objetivos: población ajustada, dispersión, envejecimiento, coste real de los servicios y garantía de igualdad. Frente al modelo de privilegios, propone un modelo de cohesión. Frente a la bilateralidad opaca, transparencia y reglas comunes.
El modelo Montero reserva mantelería de hilo y cocina de autor para el independentismo y para el resto de España, bandeja de autoservicio, raciones recortadas y la obligación de dar las gracias.
La financiación autonómica no puede ser la moneda de cambio de un Gobierno sin mayoría. España no necesita más asimetrías ni más agravios comparativos. Necesita un sistema justo, común y estable. Todo lo demás no es reforma: es rendición.
Carlos Izquierdo
Portavoz
