El Partido Popular exige la retirada del decreto de regularización masiva por su “improvisación y falta de control”
El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, subrayó durante su intervención, que Madrid es una ciudad “abierta, solidaria y comprometida con los valores humanitarios”, pero advirtió de que las políticas migratorias deben aplicarse con “orden, rigor y respeto a la legalidad”.
Fernández criticó que el Ejecutivo central haya impulsado esta regularización sin contar con las administraciones locales ni evaluar su impacto en los servicios públicos. En este sentido, alertó de que la medida está generando descoordinación, inseguridad jurídica y un riesgo real de colapso en servicios esenciales como los sociales, la atención administrativa o el empleo. El delegado de Políticas Sociales insistió en que el Ayuntamiento de Madrid no participará en procesos que comprometan la seguridad jurídica ni la labor de los profesionales municipales. “No vamos a exigir a los trabajadores sociales que certifiquen situaciones que no conocen. Actuaremos con responsabilidad y dentro de nuestras competencias”, afirmó.
El Partido Popular exige la retirada del decreto de regularización masiva por su “improvisación y falta de control”
- Los Populares reclaman una regularización individualizada, con garantías jurídicas y coordinación institucional
- El Ayuntamiento de Madrid no participará en procesos que comprometan la seguridad jurídica ni la labor de los profesionales municipales
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid defendió en el pasado pleno, una proposición para instar al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva de personas en situación administrativa irregular, al considerar que se trata de una medida “improvisada, irresponsable y carente de los mecanismos necesarios de control”. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, subrayó durante su intervención, que Madrid es una ciudad “abierta, solidaria y comprometida con los valores humanitarios”, pero advirtió de que las políticas migratorias deben aplicarse con “orden, rigor y respeto a la legalidad”.
Fernández criticó que el Ejecutivo central haya impulsado esta regularización sin contar con las administraciones locales ni evaluar su impacto en los servicios públicos. En este sentido, alertó de que la medida está generando descoordinación, inseguridad jurídica y un riesgo real de colapso en servicios esenciales como los sociales, la atención administrativa o el empleo. El delegado de Políticas Sociales insistió en que el Ayuntamiento de Madrid no participará en procesos que comprometan la seguridad jurídica ni la labor de los profesionales municipales. “No vamos a exigir a los trabajadores sociales que certifiquen situaciones que no conocen. Actuaremos con responsabilidad y dentro de nuestras competencias”, afirmó.
El Grupo Municipal Popular denunció, además, que el decreto vulnera los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo, carece de garantías suficientes y no contempla financiación para las administraciones que deben asumir sus efectos. Asimismo, señaló la falta de previsión sobre el número de beneficiarios y los continuos cambios en los criterios administrativos.
El concejal también advirtió de las posibles consecuencias sociales de la medida, como el “efecto llamada”, el aprovechamiento por parte de mafias o la generación de situaciones indignas para los propios migrantes, con colas masivas y procedimientos confusos. “El Ayuntamiento de Madrid no puede asumir las consecuencias de una política errática impuesta sin diálogo ni financiación”, afirmó Fernández.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular reclamó la retirada del decreto y defendió que cualquier proceso de regularización debe ser individualizado, transparente, con garantías jurídicas y coordinado entre administraciones, además de contar con los recursos necesarios.